La ONU desde 1951 albergó al Comité de Migraciones Europeas, cuyo lema motivador fue por “los países que necesitan personas y por las personas que necesitan países”.

En Europa pueblos enteros sufrían la diáspora por segregación y persecución debido al rediseño del mapa europeo, según las conveniencias y los apetitos de los vencedores de la Guerra Mundial, así como por el salvaje emprendimiento conquistador del comunismo personificado en la URSS. Posteriormente, el Comité se transformó en 1989 en la Organización Internacional de Migraciones, con cierta estructura independizada del organigrama organizacional de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU).

Pero la de los años 50s a 70s, era otra ONU, portaba la expresión de la voluntad geopolítica y universalista de los vencedores, los EEUU y la URSS. En tanto que hoy en día, la ONU es una burocracia internacional que empodera caviares (marxistas gramcianos) y es diligentemente servida por determinados equipos diplomáticos de algunas cancillerías; todos embriagados por el afán del gobierno mundialista. Por eso la ONU suscita desconfianza, porque promociona una degenerada visión de los derechos humanos. Como insólitamente lo acaba de decidir el Comité de DDHH de la ONU, que declara que tanto el aborto como la eutanasia son derechos humanos. No, pues, el derecho es a la vida y a la salud, no al asesinato ni al suicidio con cómplices.

Nuestra Nación, ha vivido la necesidad migratoria en tres ciclos continuados. El primer ciclo, en los años setenta, a causa del velasquismo dictatorial expropiador y estatista, que generó una migración empresarial y profesional, socialmente bien colocada. El siguiente ciclo fue en los ochenta, cuando pagábamos con inflación galopante y depresión productiva el costo de las experimentaciones socialistas de la dictadura velasquista. Y, éramos objeto del despiadado terrorismo por el Partido Comunista del Perú (mal llamado “Sendero Luminoso”) y por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA). La migración fue de clases sociales trabajadoras carentes de patrimonio. El tercer ciclo, durante el decenio de los noventa, prosiguió.

Somos una Nación que sabe lo que es migrar. Y, también, sabemos ser generosos recibiendo migrantes que hemos sabido asimilar a nuestra sociedad y cultura como a las colonias china, japonesa e italiana. Y, hoy, al éxodo venezolano.

Se ha suscrito por el Gobierno, el día 11 de diciembre, el “Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regular”, que ha generado mucha desconfianza por percibirse que afecta la soberanía estatal, la seguridad de las sociedad y es permisivo con el autoritarismo violentista de las religiones no cristianas.

En el artículo 7° del Pacto se dice que es “un marco de cooperación no vinculante jurídicamente”, lo que es algo más que extraño pues un tratado genera obligaciones y es vinculante para el Estado que lo ratifique.

También señala que se respetará la soberanía de los Estados, pero a la vez impone restricciones y obligaciones con respecto a las relaciones del Estado con los inmigrantes.

En el artículo 15 establece principios rectores transversales e interdependientes, entre otros señalo los siguientes: la soberanía nacional para determinar la propia política migratoria, es correcto; el Estado de derecho y garantías procesales compatibles con el derecho internacional, aquí hay una sutil intromisión y una negación a la soberanía político-jurídica del Estado; el derecho internacional de los derechos humanos, con sus principios de no discriminación ni intolerancia a favor de los migrantes independientes de su calificación migratoria, esto es un torpedo político-ideológico peligrosísimo; y la infaltable en la ONU, Perspectiva de género, como derecho humano, porque el Pacto promueve la igualdad entre géneros y su empoderamiento, esto es sencillamente inaceptable, por la ambigüedad terminológica y el contenido ideológico de la palabra “género”, que empaña la trasparencia y recta intención del Pacto.

El tema de los DDHH constituye un paquete de negocios de las ONGs ideologizadas, que mantienen copado con sus cuadros los organismos internacionales, con un inmenso empoderamiento ideológico y aprovechamiento económico, esquilmando el patrimonio de los Estados no alineados al socialismo.

Es un tratado internacional, y si bien el Ejecutivo lo ha firmado hace unos días, corresponde al Congreso aprobarlo o no. Esperamos la acuciosa lectura de nuestros congresistas y su decisión valiente, a pesar de la crisis de estabilidad que padecen en estos días.


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Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima; Magister en Persona, Matrimonio y Familia por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; Diploma de Estudios Avanzados para el Doctorado en Filosofía por la Universidad de Barcelona.- Asesor de Ministros de Justicia (1997-2000), de Vicepresidente de la República (2006-2011) y de Congresista (2014-2016); actualmente miembro adhonorem del Comité Consultivo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso.- Profesor universitario de pre y post grado.- Condecorado con la Cruz Peruana al Mérito Naval por la Marina de Guerra del Perú. Abogado en ejercicio independiente.

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